Parece irrisorio que, considerando que somos los mismos seres con carne, huesos, sentimientos, exista distinción en temáticas de identidad de género, orientación sexual, entre otras. Dicho esto, y ante aquella construcción social que ha sido limitante hasta el día de hoy, diversas organizaciones y activismos se han suscitado para conseguir el derecho que per se el ser humano tiene, ese el que nos han hecho sentir que es solo para algunos privilegiados. ¿Qué pinta el Estado y la política? Dirán algunos que son esferas separadas ateniéndose a una idea abstraída de cada concepto; asumamos que es mucho más que eso, un sentido holístico ocupa lugar en las dinámicas sociales ¿o vivimos realizando actividades aisladas por una agenda de tópicos?
Situándonos en la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo en Chile ¿Qué responsabilidad ha tomado el Estado ante actos discriminatorios? ¿Se ha referido de ello en la actual pandemia? Constantes vulneraciones ocurren con la miopía de los actores políticos, y la crisis sanitaria no ha sido una excepción (aislamiento de la comunidad en espacios donde se presencia discriminación y/o con una elevada probabilidad de pobreza, la cual limita el acceso de recursos de primera necesidad). De hecho, así también lo ha mencionado la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet en Ginebra (17 de abril de 2020), en donde las reconoce como una comunidad vulnerable y potencialmente expuesta al COVID-19.
Necesitamos responsabilidad en tratamientos hormonales, atención psicológica frente a la violencia y las consecuencias de las medidas sanitarias (ansiedad, depresión, tendencias suicidas, entre otras), la adopción homoparental, consultas ciudadanas, resguardos efectivos frente a actos de homofobia y transfobia, acceso a servicios sociales con equidad, entre otras; bajo la consideración de que históricamente la comunidad LGBTIQ+ ha sido transgredida de manera transversal (social, alimentaria, económica, vivienda, salud, etc.), queremos acciones bajo políticas públicas efectivas que puedan resguardar la dignidad, y que no requieran de más víctimas simbólicas para recién sentarse a pensar que también somos seres humanos iguales.
Si bien se ha promulgado la Ley 20.609 (Ley Zamudio), que establece medidas contra la discriminación, esta no ha amparado a la comunidad LGBTIQ+ como se podría esperar, y es que existen críticas a su garantía, debido a que, desde su promulgación, las cifras de violencia siguen siendo bastante alarmantes. Es por ello que, se requiere con urgencia un órgano que nos proteja de manera efectiva y que tenga redes estratégicas (relación con las distintas oficinas de diversidad que existen en algunas comunas y regiones) para el resguardo de la vida de una persona que solo tiene intereses fuera de la muy aburrida heteronorma.