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Diversidad y trabajo: personas LGTBIQ+ fuera del debate laboral.

En Chile, seguimos sin abordar la discriminación y dificultades estructurales para la incorporación al mundo del trabajo de personas LGTBIQ+. Un debate que además de urgente es necesario en función del pleno reconocimiento de derechos e igualdad de oportunidades. 

En la región tenemos experiencias que observar, en 2015 la provincia de Buenos Aires, aprobó la “Ley de Cupo Laboral Trans”, instalando la discusión sobre la importancia de consagrar el derecho al trabajo. La ley, asegura que el 1% de los empleos públicos del estado provincial deban ser ocupados por personas trans, “hayan o no accedido a los beneficios de la ley de identidad de género y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo con sus antecedentes laborales y educativos”, esboza en su inciso quinto la moción. No fue un favor, sino una decisión política clave en la construcción de un país más inclusivo allende los andes. 

En Chile, si bien han existido algunos avances, hoy son insuficientes. Por ejemplo en la ley Antidiscriminación (Zamudio) se incorpora la protección laboral, sancionando conductas de discriminación contra personas LGTBIQ+, sin embargo la complejidad de la denuncia no garantiza un debido acceso a la justicia. Además, se torna una ley vacía a la hora de garantizar medidas afirmativas para lograr una real incorporación al mundo del trabajo. 

En el marco del Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, oficiamos al ministerio de Relaciones Exteriores para saber el estado de ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, un avance clave para la protección del acceso del trabajo de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Sin embargo, el Gobierno, mediante el exministro Ampuero contestó que se ratificaría cuando el Presidente contara con todos los antecedentes. Claramente el acceso al trabajo de las personas desprotegidas, no están en la agenda prioritaria del Estado. 

Hoy la sociedad civil demanda una Ley Integral que resuelva el acceso al trabajo de las diversidades y disidencias sexuales mediante mecanismos de inclusión laboral real, así como también educación no sexista y sin discriminación, garantías explícitas de salud y una comisión de verdad justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Mientras eso ocurre, estamos trabajando arduamente en las modificaciones a la Ley Antidiscriminación. Definida como un león sin dientes por las organizaciones de la diversidad sexual, es imperativo avanzar en un nuevo marco regulatorio del trabajo y de las relaciones entre los organismos del Estado y personas LGBTIQ+. Debemos fomentar la diversidad y el pluralismo en todo el aparato público y la empresa privada. Contar con programas de formación y no discriminación, protocolos de atención en el área de la salud, capacitación a docentes en colegios, escuelas y jardines infantiles. Porque el yugo de la discriminación no solo es un pesar para la persona afectada, sino también para un país completo, que pierde capital humano creativo y una merma en su desarrollo económico, debemos avanzar en la completa incorporación al mundo del trabajo de personas LGTBIQ+. Seguimos.